El régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) ha sido, desde su creación, uno de los sistemas laborales más cuestionados del sector público peruano. Aunque con el paso de los años se han incorporado ciertos derechos y mejoras normativas, el CAS sigue siendo asociado a precariedad laboral, incertidumbre y desigualdad frente a otros regímenes del Estado.
En este artículo analizamos de forma clara y objetiva las principales desventajas del régimen CAS, su impacto en los trabajadores y el contexto actual del debate sobre su reforma.
Inestabilidad laboral y contratos temporales
Una de las mayores desventajas del régimen CAS es la inestabilidad laboral. Tradicionalmente, los contratos CAS se celebran a plazo fijo, generalmente por periodos anuales, lo que significa que:
- El contrato puede no ser renovado
- El trabajador vive en constante incertidumbre
- La continuidad laboral depende de decisiones administrativas o presupuestales
Aunque la normativa ha avanzado hacia la indeterminación del contrato, en la práctica muchos trabajadores CAS siguen enfrentando renovaciones periódicas y escenarios de inseguridad laboral.
Menos beneficios frente a otros regímenes laborales
Históricamente, el régimen CAS ha ofrecido menos beneficios laborales en comparación con otros regímenes del sector público y el régimen laboral privado. Entre las principales exclusiones o limitaciones se encuentran:
- Falta de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
- Ausencia de gratificaciones completas
- Condiciones menos favorables en comparación con otros regímenes
- Beneficios que han variado según cambios legales
Si bien hoy el CAS reconoce derechos como vacaciones, aguinaldos y seguro de salud, la percepción de desigualdad laboral persiste entre los servidores públicos.
Uso desnaturalizado del contrato CAS
Otra desventaja importante es el uso desnaturalizado del CAS. En muchos casos, las entidades públicas han utilizado este régimen para cubrir funciones permanentes, pese a que fue concebido como un mecanismo temporal o excepcional.
Esta práctica genera:
- Fraude laboral
- Evasión de beneficios propios de contratos estables
- Vulneración de derechos fundamentales
- Dependencia prolongada de contratos temporales
Aunque la legislación ha intentado corregir esta situación, el problema sigue presente en diversas instituciones públicas.
Falta de una carrera pública definida
El régimen CAS no contempla una carrera administrativa, lo que limita seriamente el desarrollo profesional de los trabajadores. Esto implica que:
- No existen ascensos por mérito o antigüedad
- No hay progresión estructurada dentro de la entidad
- Para mejorar condiciones laborales, se requiere postular nuevamente
Esta falta de una carrera pública clara desincentiva la capacitación, la especialización y el compromiso a largo plazo con la institución.
Derechos sindicales limitados
Los trabajadores CAS también enfrentan mayores obstáculos para la sindicalización y representación colectiva. Si bien el derecho existe, en la práctica:
- La organización sindical es más compleja
- La representación suele ser más débil
- La negociación colectiva enfrenta restricciones
Esto reduce la capacidad de los trabajadores CAS para defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales de manera conjunta.
Impacto social y vulneración de derechos fundamentales
La suma de estas desventajas genera un impacto social significativo. Diversos análisis sostienen que el régimen CAS puede vulnerar el derecho fundamental al trabajo digno, provocando:
- Desigualdad laboral dentro del Estado
- Inseguridad económica
- Limitaciones para el desarrollo profesional
- Consecuencias sociales y familiares negativas
Este escenario mantiene vigente el debate sobre la necesidad de una reforma estructural del régimen.
El contexto de la reforma y la Ley 31131
La Ley N.° 31131, publicada en 2021, buscó reducir la precariedad del régimen CAS y avanzar hacia una mayor estabilidad laboral. No obstante, su implementación ha enfrentado resistencias, limitaciones presupuestales y dificultades operativas, lo que ha impedido una transformación completa del sistema.
Por ello, la discusión sobre el futuro del CAS sigue abierta en el ámbito laboral y político del país.